Gigantes del sector agroalimentario como Mercadona, Azucarera, Campofrío o Florette se encuentran entre los mayores beneficiarios en España de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en 2018 y 2019, según un informe preliminar encargado por el Parlamento Europeo. La Coalición Por Otra PAC denuncia estos datos, que evidencian cómo la política que recibe un tercio del presupuesto público comunitario favorece a la agroindustria frente al abandono de las producciones familiares con mayor valor ambiental y social.
El estudio preliminar, que recoge los 50 mayores beneficiarios directos de la PAC en cada país durante los ejercicios 2018 y 2019, revela cómo los fondos públicos de esta política destinada a los agricultores, ganaderas y el mundo rural —la más importante del presupuesto comunitario— acaban muchas veces en manos de grandes empresas del sector agroalimentario.
Por ejemplo, según los datos preliminares del estudio, entre los mayores receptores directos de estas subvenciones al campo se encontraban las empresas Vega Mayor SL (del Grupo Florette, 7.553.882€ entre 2018 y 2019), las del Grupo Entrepinares, uno de los mayores productores nacionales de quesos y proveedor de Mercadona (5.649.339€ entre ambos años), Freixenet (2.271.075€ en 2018), la bodega Protos (5.867.264€ entre 2018 y 2019), o el gigante Azucarera, filial de British Food, que recibió 1.829.355€ en 2018.
Otros nombres llamativos de la lista son Mercadona, S.A. (1.831.466€ en 2018), Campofrío (5.989.526€ en 2019) o Telefónica (2.635.465€ en 2019). Muchas de las empresas son grandes productoras de verduras y hortalizas del sureste español, la zona más representativa de un modelo agrícola hiperintensivo e industrial: como Primaflor (5.611.834€ de la PAC en 2018) o Agroiris (9.108.999€ entre 2018 y 2019). Ambas empresas, con sede en Almería, rondan los 200 millones anuales de facturación.
Un reparto de la PAC cuestionable
“Es cuanto menos cuestionable que el dinero de los contribuyentes sirva para subvencionar a los gigantes del sector agroalimentario”, ha señalado el portavoz de la Coalición Por Otra PAC, Fernando Viñegla. “Mientras estas grandes empresas se embolsan millones en ayudas de la PAC, siguen cerrándose fincas cada día y se margina a las explotaciones con mayor ambiental y social, como las de los agricultores ecológicos o las ganaderas extensivas”, ha apuntado.
En comparación con estas subvenciones millonarias, normalmente asociadas a pagos no directos de la PAC (inversiones en agroindustria, mercados, modernización de regadíos…), el importe medio del pago básico percibido por agricultores y ganaderas durante la campaña de 2019 fue de 4.283,90 euros por beneficiario. “Más allá del debate sobre el montante total de la Política Agraria Común, hay que preguntarse a dónde se destinan los fondos. Y no parece que una lluvia de dinero público hacia grandes empresas sea el modo de mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderas”, ha añadido Viñegla.
En el informe se señala la falta de transparencia alrededor de estos fondos comunitarios, especialmente, por la dificultad de trazar el dinero hasta los beneficiarios últimos (por ejemplo, las empresas matrices) de las ayudas de la PAC.
Para la Coalición Por Otra PAC, este informe preliminar pone en evidencia la necesidad de impulsar un cambio de raíz en la Política Agraria Común, que beneficie a la mayoría de agricultores y ganaderas, al medio ambiente y a toda la sociedad. La reforma para la nueva PAC de 2023 a 2027 se sigue negociando en Europa, y a nivel estatal es clave el Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que debe acordarse a lo largo del primer semestre de 2021 entre el Gobierno y las CCAA. Desde la Coalición se espera precisamente que este futuro PEPAC corrija estas situaciones e impulse la transición agroecológica hacia los sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que necesitamos en el siglo XXI.
