El 2023 termina con malas noticias para la sostenibilidad de la agricultura. También, para la salud de las personas y de la naturaleza. A nivel nacional, la Política Agraria Común (PAC), ya mutilada en sus requisitos ambientales, parece que puede sufrir aún más recortes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se muestra ahora abierto a flexibilizar ciertas intervenciones ambientales, como los ecorregímenes, a petición de algunas Comunidades Autónomas. Un varapalo que se suma a un noviembre negro en Europa, que ha supuesto la prórroga del herbicida glifosato durante diez años más y el encalle de la normativa sobre uso de plaguicidas. Tampoco ha visto la luz la propuesta de Reglamento sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles que la Comisión Europea tendría que haber publicado a lo largo del semestre de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. “Es un ataque sin precedentes al Pacto Verde Europeo, que verá comprometido el cumplimiento de sus objetivos para 2030 si no hay un cambio de rumbo decidido en el año que está a punto de arrancar”, alertan fuentes de la Coalición Por Otra PAC.
El lunes 18, se celebró en Madrid una reunión informal entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las consejerías autonómicas del ramo. El objetivo de este primer encuentro de la legislatura entre administraciones era recabar las necesidades de los diversos territorios. Éstas podrán ser incorporadas al programa de actuación del MAPA, que Planas presentará en el Congreso de los Diputados en enero. También, alimentarán la batería de modificaciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) que el Ejecutivo previsiblemente presentará a la Comisión Europea a finales del primer semestre de 2024. Y ahí es dónde pueden cristalizarse las peticiones de algunos consejeros para suavizar las intervenciones ambientales de la PAC.
En el primer año de recorrido de la Política Agraria, tres de cada cuatro agricultores españoles que solicitaron la subvención se acogieron a algún ecorregimen, abarcando el 87% del total de superficie declarada. “Los datos demuestran que esta nueva figura voluntaria de la arquitectura verde ha tenido buena acogida y por tanto no tiene sentido mermarla”, señalan representantes de la Coalición. Estos pagos promueven un apoyo extra, e igualitario entre territorios, a las explotaciones que decidan realizar prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. “Es vital que los mandatarios tengan más visión de Estado y superen los intereses cortoplacistas de cada región porque disminuir la ambición ambiental de la PAC fomentará la insostenibilidad económica y social de muchas personas que viven y trabajan en el campo”, apuntan desde Por Otra PAC.
La “adaptación” de los ecorregímenes se suma a ciertas voces que reclaman la extensión de la supresión de las obligaciones sobre la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos, decretada durante 2023 por la invasión de Ucrania. Éstas serán algunas de las propuestas que se discutirán en las próximas reuniones del Comité de Seguimiento del PEPAC, del cual forman parte varias entidades de la Coalición Por Otra PAC que representan el interés de consumidores -CECU-, de la producción ecológica -SEAE y Ecovalia-, y de organizaciones ecologistas -FGN, SEO/Birdlife y WWF-.
Entre las demandas de las organizaciones de Por Otra PAC, se recordará que llevamos un año de retraso en la incorporación de las disposiciones de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) en el PEPAC. Esto es vital para garantizar, entre otras cosas, que las inversiones con dinero público proveniente de la PAC no fomentan la intensificación agrícola y la sobreexplotación de las masas de agua.
También, solicitarán que no solo se blinden los ecorregímenes sino que, como en otros países, las explotaciones puedan acogerse a varios a la vez. Además, exigirán que se garantice la condicionalidad social y ambiental, para que quien incumpla la legislación laboral y cometa delitos contra el medio no reciba la subvención.
“Valoramos positivamente la puesta en marcha de este nuevo modelo de gobernanza que, por primera vez, está permitiendo la implicación de la sociedad civil en el desarrollo de los pilares I y II de la norma; y esperamos que resulte un canal de participación real que integre intereses tan diversos y que no sea meramente informativo”, resaltan representantes de la Coalición.
Desde la Coalición Por Otra PAC confiamos en que la posición de Luis Planas en esta nueva legislatura que arranca en 2024 esté alineada con los compromisos que expuso Pedro Sánchez, durante el debate de investidura. En él habló de la puesta en marcha de una “agenda verde”, fruto del acuerdo de gobierno con Sumar, que pretende que España “se consolide como un referente en sostenibilidad ambiental”. Y, deseamos, que la manera de transitar hacia ese nuevo modelo se haga de la mano de la sociedad civil. Como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el debate sobre el estado de la Unión: “necesitamos más diálogo y menos polarización”.
