El organismo de control ético de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo, ha iniciado una investigación sobre el retroceso en las normas medioambientales de la Política Agraria Común (PAC). Esta decisión responde a la reclamación presentada por las organizaciones ClientEarth y SEO/BirdLife, que alegaron mala administración por parte de la Comisión Europea en el proceso de revisión de la PAC.

A principios de este año, la Comisión Europea propuso una simplificación de la PAC que fue aprobada en tiempo récord, lo que flexibilizó requisitos ambientales clave para la sostenibilidad agraria. Sin embargo, la propuesta fue duramente criticada porque no incluyó una evaluación de impacto ambiental, un paso fundamental según el propio reglamento de la UE para garantizar la calidad legislativa. Además, la Comisión no consultó a grupos de la sociedad civil, que representan los intereses de la ciudadanía.

El Parlamento Europeo dio luz verde a la propuesta, a pesar de estas carencias, lo que llevó a las organizaciones ambientalistas a elevar una queja formal ante el Defensor del Pueblo Europeo, argumentando la falta de transparencia y de una toma de decisiones basada en pruebas científicas.

En diciembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deberá dar explicaciones por escrito sobre por qué no se realizó una evaluación de impacto, por qué no se consultó a la sociedad civil y cómo se garantizó que las modificaciones de la PAC se basaban en la ciencia. Aunque las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo no son vinculantes, sí pueden contribuir a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de la UE.

Esperamos que los mecanismos europeos para la preservación de la democracia en la Unión cumplan su función y que la Comisión Europea corrija su postura. Estaremos vigilantes.