Ayer, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros que los agricultores de la Unión Europea puedan solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) sin tener que cumplir ciertos requisitos ambientales. Durante todo 2024. La iniciativa responde al descontento de parte del sector agrario, que ha anunciado movilizaciones durante febrero en varios países, como España. También, se hace eco de las demandas de algunas naciones, como la francesa, y de instituciones regionales, como Castilla-La Mancha.
Tanto unos como otros, responsabilizan a una legislación demasiado verde de ser la causante de gran parte de la crisis que está viviendo el campo. “Cargar contra las normas ambientales para atajar la crisis sistémica del campo es ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Más aún en un sector que depende tanto de que el entorno esté bien preservado”, señalan fuentes de la Coalición Por Otra PAC. Por ello, le piden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que no ceda ante la rebaja de compromisos sociales y ambientales adicionales de la PAC; y le recuerda que los problemas del sector tienen otras raíces más profundas, resultantes «de un sistema alimentario, eminemente industrializado, que hace aguas por todas partes», enfatizan.
El sistema agroalimentario actual depende de insumos cada día más caros como los pesticidas, los fertilizantes, el gasóleo y la electricidad para el bombeo. También, de recursos cada vez más escasos, como el agua. Y de materias primas, como los piensos, que viajan desde tan lejos que se ven afectados por variables geopolíticas difícilmente controlables. Sus defensores proclaman que sin ellos la seguridad alimentaria está en peligro, mientras que limitan la producción para que no caigan los precios – es el caso del vino y algunas frutas como los plátanos-. “Se basan en la falsa premisa de que es necesario elegir entre la sostenibilidad económica y la ambiental o la social; cuando se necesitan las tres para transitar hacia una agricultura más resiliente frente los retos de demografía y crisis climática que ya está padeciendo”, remarcan desde la Coalición.
“La PAC debe contribuir a abandonar este modelo fallido y transitar de manera justa hacia uno agroecológico, sin dejar a nadie atrás”, señala la representante de Por Otra PAC. Entre las demandas de la Coalición están la de garantizar una asignación de ayudas más justa, dirigidas a objetivos de interés general que promuevan la viabilidad económica de las explotaciones más sostenibles, como las de alto valor natural, y mejoren el acceso a la tierra, el relevo generacional y la igualdad real entre hombres y mujeres. Además, debe promover que los precios reflejen los costes reales, trabajar en la concienciación del consumidor y reducir el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena, entre otras prioridades.
Porque, aunque la actual PAC es la más verde de su historia, todavía no resuelve injusticias como que sigue basada en derechos históricos – a más superficie y producciones más intensivas, mayor ayuda-, que poco favorecen a la agricultura familiar. Los datos de la Comisión Europea lo corroboran: hasta ahora, el 80% de los fondos se los han repartido el 20% de los beneficiarios que, también, ”suelen ser explotaciones muy intensivas, a pesar de que son las que menos apoyo público necesitan», enfatiza la representante de la Coalición. Además, durante su primer año de aplicación -2023- ya ha sufrido recortes en su ambición ambiental debido a la invasión de Ucrania. Y, en España, aún está pendiente incorporar las disposiciones de la Declaración Ambiental Estratégica.
La Comisión propone que todos los agricultores de la UE puedan reducir el porcentaje de áreas no productivas, generalmente referidos a tierras en barbecho, setos o árboles, que constituyen islas de biodiversidad y favorecen la regeneración del suelo, la polinización o el control biológico de plagas. Este requisito está recogido en la BCAM 8, uno de los nueve instrumentos de condicionalidad reforzada conocidos como Buenas condiciones agrarias y medioambientales.
La propuesta de la Comisión Europea será sometida a votación previsiblemente el 5 de febrero por los Estados miembros, en el llamado proceso de Comitología. Lo más probable es que se apruebe ya que 22 Estados miembros lo han solicitado previamente. Después, se adoptaría de manera formal por parte de la Comisión. Además, el Reglamento se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero de 2024, y los Estados miembros interesados en aplicar la excepción a nivel nacional deberán notificarlo a la Comisión en un plazo de 15 días para informar a los agricultores lo antes posible.
La Coalición Por Otra PAC confía en que el ministro español, Luís Planas, esté a la altura y rechace tanto esta iniciativa como las demandas que vayan por la senda de la flexibilización de los requisitos ambientales que están proponiendo algunos sectores agrarios y comunidades autónomas. La transición justa hacia un modelo agroecológico no puede retrasarse más.
Imagen ©: SARE Programme
