Los actuales sistemas alimentarios son responsables de hasta el 37% de las emisiones de origen humano, alerta el IPCC. Es más, «si los países de ingresos altos y medios redujeran la producción de carne y productos lácteos en consonancia con una dieta saludable para el planeta, se reduciría un 37% el calentamiento previsto para mediados de siglo», puntualizan desde la entidad de la Coalición, Greenpeace. Pero para que el sector agroalimentario pase de ser el problema a parte de la solución, se necesita decisión y financiación. Y mucha: según el Banco Mundial, será necesario destinar 260.000 millones de dólares anuales al sector agroalimentario para reducir a la mitad sus emisiones para 2030.

De todo ello han hablado hoy en la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, reunida en Bakú, Azerbaiyán. La jornada, que dedicaba toda su agenda a la agricultura, el agua y la alimentación, se centró en la necesidad de reducir emisiones, especialmente de metano, un potente gas de efecto invernadero producido por la ganadería y los residuos orgánicos. Y, para lograrlo, subrayó la obligatoriedad de incluir la transformación de este sector en los Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).

Como buen ejemplo está Dinamarca,  también marcó la pauta al aprobar el primer impuesto a las emisiones agrícolas, que entrará en vigor en 2030. Según el ministro Lars Aagaard, la medida busca incentivar cambios en el sector mediante apoyo gubernamental e innovación, estableciendo un ejemplo global para avanzar hacia prácticas sostenibles.

Se presentó además la Iniciativa Harmoniya de Bakú para los Agricultores como una plataforma innovadora que conecta a agricultores, instituciones financieras y responsables políticos. Este programa busca catalizar inversiones, implementar nuevas tecnologías y empoderar a las mujeres rurales, reconocidas como líderes en el fortalecimiento de la resiliencia local.