Hoy se celebra uno de los mecanismos de participación ciudadana que ha habilitado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para explicar la situación del proceso de elaboración del Plan Estratégico de la nueva Política Agraria Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027. En el encuentro, además, se espera que haya un espacio para el debate en el que cualquier entidad participante podrá presentar sus propuestas y valoraciones. “Esperamos que ésta sea una oportunidad para la participación real de los agentes sociales. Se trata de una política que no solo moviliza la mayor partida de dinero público de la Unión Europea, sino que condicionarán el sistema agroalimentario y la vida en las zonas rurales hasta 2030, y eso nos afecta a toda la sociedad”, señala Fernando Viñegla, responsable técnico de la Coalición Por Otra PAC.
Aunque existen algunas señales de alarma respecto a la eficacia de estos procesos de gobernanza implementados por el ejecutivo: nueve meses después del encuentro anterior (celebrado el 17 de diciembre de 2020), todavía se desconoce si se llegaron a atender las peticiones que se plantearon entonces. “Estamos deseosos de trasladar las inquietudes de las más de 40 entidades de nuestra Coalición, pero tememos que no sea eficaz, en esta recta final de la constitución del PEPAC”, indica Viñegla. Se refiere al hecho de que el propio Ministerio se comprometió a tener la primera versión del Plan listo para enviar a Europa a final de año, y queda por incluir las recomendaciones europeas, los acuerdos con las Comunidades Autónomas y la Evaluación Ambiental Estratégica.
De manera paralela, la Coalición mandó el pasado agosto una carta al Gobierno central y Consejerías de Agricultura trasladándoles las necesidades y peticiones para hacer que la Política Agraria Común (PAC) sea verde y justa. En ella se recogían propuestas concretas como el rediseño del pago básico para apoyar efectivamente la renta de las fincas de mayor valor socioambiental. También se exigía la retirada de los ecoesquemas para la agricultura de precisión y de conservación. Capping, agricultor genuino, pago redistributivo, trashumancia e integración de los objetivos del Pacto Verde Europeo fueron otros de los muchos temas tratados.
La misiva ha sido respaldada, hasta la fecha, por casi un centenar de entidades de ámbitos tan diversos como el científico, de la producción ecológica, la ganadería extensiva, la defensa ambiental, el desarrollo rural, y relativas a la nutrición y el consumo. El proceso de adhesiones todavía sigue abierto.
Más sombras que luces
Uno de los aspectos en los que se centrará la reunión de partenariado serán los ecoesquemas, instrumentos de la llamada arquitectura verde de la nueva Política Agraria Común (PAC) que incentiva las buenas prácticas agrarias y acciones de mitigación del impacto sobre el clima. Las filtraciones sugieren una eliminación de los ecoesquemas complementarios que sí estaban en la primera versión que se pactó en la reunión sectorial entre Ministerio y Consejerías de agricultura de antes de verano. Sin embargo, no se ha publicado aún ninguna información al respecto. Como señala Viñegla, «no queremos que los ecoesquemas sean café para todos; tienen que servir para reconocer la labor de quiénes lo hacen bien y no obtienen recompensa mediante otros instrumentos de la PAC».
Aunque más allá de cómo queden finalmente los ecoesquemas, hay otros temas muy importantes que quedan por definir y de los que poco se ha dicho. Es el caso del pago básico a la renta, las inversiones de desarrollo rural, cómo se hará la convergencia, y cuáles y cómo serán las 20 regiones en las que se dividirá España, entre otras muchas consideraciones. Accede al programa de la reunión, aquí.
Pese a todo, “queremos que esta oportunidad de participación sea aprovechada por el Ministerio de Agricultura para que sea una realidad el debate de esta política, que moviliza la mayor partida de dinero público de la Unión Europea”, concluye Viñegla.
