Una parte importante de la actividad agraria (agricultura, ganadería y forestal) tiene grandes dificultades para competir por precio en un mundo de mercados globalizados. Aquí se ofrecen las visiones de tres niveles de intervención (local, autonómico y estatal), que versan sobre los avances conseguidos y posibles caminos para hacer que la conservación y protección ambiental sean un valor añadido para la viabilidad de la actividad agraria.

En 2017, la Comisión Europea realizó una amplia consulta a la ciudadanía en relación a la Política Agrícola Común (PAC). El 64% de las personas dedicadas a la agricultura y el 92% de la población general demandaban que el apoyo público al sector agrario no dañase el medio ambiente y que se hiciese más frente al cambio climático. Las personas elegidas recientemente para representar a los ciudadanos en el Parlamento Europeo, deberán demostrar su capacidad para realizar los cambios necesarios. Mientras, desde las organizaciones ciudadanas, se trabaja diariamente para dar con modelos más virtuosos.

La custodia del territorio es una estrategia y herramienta de conservación, no sólo de la biodiversidad, sino también del patrimonio geológico, cultural y paisajístico, mediante la cual organizaciones de la sociedad civil llegan a acuerdos voluntarios para la conservación de ciertos elementos patrimoniales con propietarios, gestores y usuarios del territorio.

En la isla de Menorca, se inició hace algunos años un método de conservación basado en acuerdos de custodia del territorio adaptados a la gestión de fincas agrarias profesionales. Se trata de trabajar con tres objetivos básicos: garantizar la conservación ambiental, alcanzar la viabilidad económica e incentivar el apoyo social a la gestión agraria responsable. Consiste en la realización de acuerdos voluntarios, basados en la ayuda mutua y la creación de confianza entre los propietarios de explotaciones agrarias y el GOB Menorca.

A esta iniciativa ciudadana, se propuso añadir una función de apoyo de la administración insular. Para ello, se recuperó una idea, surgida durante la tramitación de la isla como Reserva de la Biosfera a principios de los años noventa, basada en la elaboración de contratos vinculantes voluntarios entre la administración y las explotaciones agrícolas, para recibir ayudas a cambio de comprometerse a ciertas prácticas sostenibles. A partir de 2005, se ha ido poniendo en práctica y ha derivado hacia una convocatoria anual de ayudas condicionadas.

Las fincas potencialmente beneficiarias deben cumplir unos requisitos mínimos, como el control de purines mediante una correcta gestión de las deyecciones, o un número máximo de cabezas de ganado por hectárea. Las fincas con acuerdo de custodia, las de producción ecológica o las que tienen mujeres aseguradas, obtienen un incremento del 15 % en las ayudas, que consisten en una compensación económica por realizar actuaciones como conservar hábitats frágiles y singulares, adaptar bebederos para la fauna silvestre, cultivar variedades locales o efectuar rotación de cultivos, entre otras.

A pesar de tratarse de pequeñas ayudas (unos 3.500 € por finca, con fondos propios del Consell Insular), la convocatoria goza de gran aceptación. Además, se cuenta con una comisión de participación que evalúa los resultados obtenidos y sugiere mejoras o cambios en la convocatoria. El Contrato Agrario de Reserva de la Biosfera (CARB) actúa de forma eficaz como acicate para poner en valor y compensar las externalidades positivas que no siempre se reconocen en el mundo agrario ni se incluyen en el precio de sus productos. A su vez, se complementa muy bien con los acuerdos de custodia agraria que impulsa el GOB Menorca.

El caso del CARB es un referente para otras regiones que se enfrentan a retos similares. En Cataluña, unas 20 entidades miembro de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)  desarrollan proyectos de custodia agraria inspirados o con un enfoque similar al modelo balear. En total, protegen 4.500 hectáreas de suelo agrícola a través de 90 acuerdos de custodia del territorio que mantienen con las personas que trabajan o poseen la tierra. Aun así, en Cataluña todavía estamos lejos de consolidar, junto con las autoridades competentes, una herramienta para canalizar ayudas a las explotaciones agrarias en función de su compromiso con prácticas de sostenibilidad.

Como red de custodia del territorio en Cataluña, la XCN detecta la necesidad de afrontar objetivos comunes entre diferentes entidades de temática similar, y por ello intentamos año tras año articular y potenciar el Grupo de Trabajo en Custodia Agraria entre entidades de la red. Del mismo modo, es especialmente interesante que se compartan estrategias entre entidades de distintas redes. En este sentido, cabe resaltar el trabajo conjunto que ha desarrollado la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura con el GOB Menorca, a través del proyecto “Custodiando el cambio – Resiliencia climática en la custodia agraria”.

Como vemos, el movimiento de custodia del territorio trabaja en red, es su forma natural de funcionamiento. Se estructura mediante las entidades que hacen custodia del territorio que se agrupan en redes regionales, y estas, a su vez, forman el Foro de Custodia, que trabaja para el impulso de la custodia a nivel estatal. Tanto el GOB Menorca como la XCN y el Foro de Custodia hemos desarrollado juntos actuaciones para el avance y aprendizaje sobre conservación y protección ambiental bajo diferentes proyectos. Somos conscientes de que para poder realizar cambios profundos debemos trabajar a diferentes escalas espaciales y temporales de forma conjunta. Es por esto que formamos parte de la Coalición Por Otra PAC, ya que en ella podemos trabajar, codo con codo, con otras organizaciones. La PAC tiene profundas repercusiones sociales, ambientales y económicas negativas, y sólo se puede cambiar si trabajamos de forma coordinada entre todos con el apoyo de la sociedad.