España está entre los siete primeros estados miembros a los que la Comisión Europea (CE) ha aprobado sus Planes Estratégicos de la Política Agraria Común (PEPAC). El jueves por la mañana lo hacía público el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, y, a última hora de la tarde, lo corroboraba el ministerio de Luis Planas. Ambos casos consideran que la propuesta española contiene lo necesario “para avanzar hacia un modelo agroalimentario más justo, sostenible y social”. Pese a que el texto incorpora avances en estos aspectos, la Coalición Por Otra PAC los considera insuficientes y poco contundentes para abordar la crisis del campo. Ni ataja la injusticia que arrastra el sistema de derechos históricos, ni termina con los subsidios perversos a producciones de alto impacto negativo ambiental y para las personas. Tampoco supone un apoyo suficiente y decidido a las explotaciones que aportan un bien social ejerciendo su labor productiva en áreas de alto valor natural.

La política, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, resulta también tibia respecto a sus metas medioambientales. Si bien, reservar el 23% de los pagos directos a prácticas verdes está alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo, permitir el uso de herbicidas -una práctica de la agricultura de conservación directamente en contra de la biodiversidad-, le resta efectividad. Ésta es una de las alegaciones presentadas por la Coalición en la consulta pública abierta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en agosto (ver todas las alegaciones presentadas). Tampoco estamos de acuerdo con la propia formulación de estos llamados eco-regímenes pues no permite que una misma superficie pueda acogerse a varios, ni incentiva optar por los más ambiciosos. 

El texto aumenta el presupuesto destinado a incentivar la producción ecológica, pasando  de unos 750 millones de euros para todo el periodo hasta unos 820 millones de euros. Para alcanzar un objetivo potencial marcado por la Comisión Europea de que en 2030 el 25% de la superficie agraria sea eco (el gobierno español estableció un objetivo del 20% para el mismo periodo) se necesitarían 1.100 millones de euros al año, según estimaciones de IFOAM Organics Europe. Por tanto, la cantidad propuesta resulta insuficiente para servir de acicate al cambio de rumbo, hacia un sistema agroecológico y más resiliente y preparado para el escenario climático y de limitación de insumos que tenemos por delante. Tampoco parece que será efectivo para limitar nuevos regadíos, algo especialmente grave tras los episodios que se están sufriendo de sequía. 

Además, los objetivos ambientales se han visto aún más amenazados por la reciente aprobación de la propuesta de la Comisión Europea de derogar a nivel comunitario condicionantes clave para el acceso a las subvenciones de la PAC. Durante 2023, se podrá cobrar aunque no se realice rotación de cultivos y se cultiven espacios destinados para la biodiversidad, como son los barbechos. La paradoja es que la excusa para adoptar esta excepción es la crisis de insumos. Ésta saca a relucir que el modelo agroalimentario actual está obsoleto y debería servir de aliciente para abordar justo el camino inverso. De hecho, la Coalición anima a la participación en la consulta pública sobre estas excepciones. El plazo termina el 8 de septiembre.

Por Otra PAC lamenta también que el PEPAC no incorpore ayudas para fomentar la reducción del desperdicio alimentario y el avance hacia dietas y hábitos de consumo sostenibles, pese a que figuran como necesidades prioritarias para alcanzar los objetivos del PEPAC. 

Además, la Coalición espera que tanto la Comisión Europea como el Ministerio español reflexionen sobre si el proceso de desarrollo de la PAC ha sido convenientemente informado y participado por la sociedad en su conjunto. Un claro ejemplo de falta de transparencia es que todavía, meses después de enviar la documentación a Bruselas, semanas después de haber concluido algunos de los procesos de participación pública de los reales decretos que desarrollan el PEPAC y tras dos días de la aprobación total del texto, el MAPA no ha puesto a disposición pública toda la documentación aprobada. Especial gravedad tiene que no se haya publicado el resultado de la Evaluación Ambiental Estratégica, que llevamos meses reclamando.