España es el primer productor y exportador de aceite de oliva del mundo: 1,4 millones de toneladas en 2020. Todo un éxito nacional si no fuera porque se debe a un aumento de la intensificación del cultivo, que ya alcanza el 15% de toda la superficie de olivar, donde más de la mitad está en regadío. Estas explotaciones están más mecanizadas, disponen de densidades de árboles mayores, y al tratarse de grandes superficies, consiguen mayores producciones y economías de escala, lo que reduce los costes de producción. Esto hace imposible que las fincas tradicionales puedan competir y en muchos casos abandonan el campo, vaciando los pueblos. Además, en su mayoría tienen más impacto ambiental y ejercen mayor presión sobre las masas de agua, en un país con déficit hídrico severo. Y todo ello, apoyado por la actual Política Agraria Común (PAC). Esta es una de las principales conclusiones del reportaje periodístico que ha publicado hoy el medio independiente Datadista. El texto hace un repaso del impacto que ha tenido esta política europea sobre el sistema agrario español. En la entrega de hoy, la investigación se centra en el olivar. Mañana, las protagonistas serán las macrogranjas porcinas.

El artículo también resalta que detrás de “un sector prioritario para el Gobierno”, como reconoció recientemente el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la PAC trata de manera diferente e injusta a las pequeñas plantaciones familiares frente a las grandes explotaciones que, por lo general, son más intensivas y generan grandes impactos sobre el medio ambiente. Aunque las primeras son la tónica del campo español, especialmente en el sector olivarero, y fijan población en zonas rurales donde a veces no hay muchas otras opciones de vida, las subvenciones públicas por cada hectárea de cultivo son muy inferiores a las que reciben las segundas. Es decir, aunque son los que más lo necesitan y aportan un beneficio social, son los que menos ayudas obtienen.

El artículo llega a la misma conclusión que el reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), donde se alertaba de que la PAC no solo favorece un mayor consumo de agua sino que incluso lo fomenta en zonas con estrés hídrico. Y que incluso, “ha financiado granjas y proyectos que socavan el uso sostenible del agua”. La razón más evidente es que las ayudas han estado históricamente ligadas a la producción, fomentando olivares regados que dan de media 5.684 kilos de aceituna por hectárea. En secano, 2.589 kilos.

Además, la política europea, a través de su Pilar II, ha financiado inversiones para el desarrollo rural, asociadas a la modernización de las instalaciones: construir una nave, mejorar la flota de tractores y, sí, también transformar de secano a regadío.

Y si el TCE iba más allá, también la investigación periodística: la PAC no garantiza el uso sostenible del agua porque “las ayudas no dependen de si se cumplen las obligaciones de usar este recurso de manera eficiente» y porque «los controles son insuficientes e inadecuados para desalentar realmente” un mal comportamiento, como abrir pozos ilegales. Un ejemplo de esto, es la sobreexplotación a la que se ha visto sometido el acuífero de La Loma de Úbeda, que ocupa buena parte de Jaén. En menos de 30 años ha sufrido una degradación casi total, señala el reportaje de Datadista.

La nueva PAC perpetúa las disfunciones

Cabría esperar que la reforma de la PAC 2023-27, que está ultimando el MAPA, acabase con estas disfuncionalidades del sistema de ayudas públicas. Pero, la última propuesta del ministro Luis Planas no lo hace de manera tajante. Respecto a la injusticia social, el nuevo borrador del plan perpetúa el sistema de derechos históricos de pago, de tal manera que se seguirá calculando la ayuda a recibir en cada hectárea en función de lo que cobraba a principio de siglo. Sí, irán convergiendo poco a poco las cantidades, pero lo harán a la media de cada una de las 20 regiones a la que pertenezca la finca -que también está basada en los dineros de hace más de dos décadas-.

Además, el pago redistributivo diseñado para reforzar el pago de ayuda a la renta a los que menos hectáreas tienen, quitándoselo a los grandes, parece que se ha olvidado del pequeño agricultor. Su “doble umbral”, reparte una mayor proporción del sobrante entre los de medio tamaño en detrimento de las parcelas de menor extensión, en aras de favorecer la profesionalización del sector. Aunque todavía no se ha establecido qué número de hectáreas van a marcar la diferencia, cabe temer por muchas de las fincas de alto valor natural. Estas fincas producen alimentos de calidad al tiempo que generan beneficios ambientales y sociales y a los que la PAC no presta suficiente ayuda.

Una mejora que promete la última propuesta presentada la semana pasada del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) es que va a crear un programa sectorial específico para el olivar tradicional.

Y si bien se han incluido pequeños pasos, como este programa sectorial específico para el olivar tradicional o la inclusión de la Directiva Marco de Agua en la condicionalidad, la falta de ambición socioambiental de la nueva reforma de la PAC es alarmante. Una PAC que siga fomentando la intensificación a costa de esquilmar los recursos naturales, particularmente los hídricos, perpetuará un modelo de producción que se ha mostrado dañino en el medio plazo, es decir, para las generaciones venideras. Desde Por Otra PAC abogamos por un apoyo real y efectivo a la transición del sistema agroalimentario y a los productores y productoras que ya están aplicando modelos sostenibles.

El reportaje ha contado con el apoyo de Por Otra PAC.

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