Acaba de finalizar la Conferencia Sectorial entre las consejerías y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el respaldo mayoritario a la propuesta del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) presentada por Luis Planas. También se ha consensuado tomar este texto como base sobre la que seguir trabajando hasta final de noviembre. La versión resultante se enviará entonces a la Comisión Europea para que sea valorada de manera informal, mientras se somete a la Evaluación Ambiental Estratégica, que durará dos meses. Aunque quedan algunos detalles por definir, ya se puede valorar que la propuesta supone un pequeño paso hacia la reducción en la desigualdad social (destacando la condicionalidad social, el apoyo a los agricultores jóvenes y el otorgar un papel más relevante a la mujer) pero resulta un avance mínimo hacia la sostenibilidad del sistema agroalimentario. El cómputo final general resulta alarmantemente insuficiente.
Los cambios incorporados en la que prometía ser la PAC más verde y social de la historia “son tan tímidos que no lograrán alcanzar los retos planteados por la propia Unión Europea para 2030 en su Pacto Verde”, lamentan fuentes de la Coalición Por Otra PAC. El propio ministro Luis Planas ha defendido hoy en rueda de prensa la idoneidad de una nueva PAC que no perpetúe el status quo pero no sea revolucionaria. Mantiene así el régimen de derechos, una convergencia parcial y la no vinculación con los objetivos del Pacto Verde Europeo. “El sector agroalimentario no solo no será parte de la solución a las crisis climática, de biodiversidad y de despoblamiento del medio rural; sino que al no proteger con decisión los recursos que le sustentan, tampoco conseguirá apuntalar su supervivencia a largo plazo”, continúa.
Un dato remarcable es que tanto la propuesta con la que ha estado trabajando el Ministerio de Luis Planas como los términos de la negociación no se han hecho públicos hasta ahora. Desde el inicio del diseño del PEPAC, se lleva demandando una mayor transparencia en todo el proceso, así como la participación real y efectiva de la sociedad, no sólo las Comunidades Autónomas y las grandes Organizaciones de Productores. La realidad es que desde que el debate saltó al nivel político, las decisiones se están tomando a puerta cerrada y sin tener en cuenta a la sociedad civil, que apenas podía acceder a la información por filtraciones no oficiales a algunos medios. “Dirán que para esta PAC han participado todos los agentes implicados, pero la realidad es que se han olvidado de forma consciente y recurrente de las entidades que se preocupan por la sostenibilidad en su conjunto de la producción agroalimentaria”, apunta Fernando Viñegla, coordinador técnico de la Coalición.
Desde el punto de vista técnico, uno de los puntos en el que había máxima expectación es saber cómo quedarían finalmente definidos los ecoesquemas, que condicionan la recepción de hasta el 23% de las ayudas directas de la nueva PAC a la ejecución de buenas prácticas ambientales y climáticas en una finca. En total, unos 1.100 millones de euros anuales en ayudas. “Esta figura es un avance respecto a la actual PAC aunque nos preocupa que ocurra como con el actual pago verde -los agricultores y ganaderas sólo se adhieran a los ecoesquemas que apenas suponen beneficios ambientales-”, explica Viñegla. El hecho de que, además, se haya mantenido un ecoesquema para la agricultura de conservación, que conlleva el uso de herbicidas, es otro elemento preocupante.
En resumen, se mantienen los siete ecoesquemas ya planteados en la última propuesta de septiembre y la limitación de solo poder acogerse a uno de ellos por hectárea. La novedad reside en que todas las prácticas ambientales recibirán el mismo importe, solo dependerá de la tipología de la superficie de la finca en la que se aplique (tipo de pastos, pendiente del terreno…). “Esto puede fomentar que el agricultor opte por el ecoesquema más fácil y no incentiva acometer más de una”, señalan desde Por Otra PAC.
Otro de los temas claves, desconocido hasta ahora, es cómo se iba a rediseñar el pago básico. Como ya avanzó el Ministerio a principio de mes, las 50 regiones de pago pasan a 20, que siguen siendo un número demasiado alto que no gusta a la Comisión Europea, según ha reconocido el propio Planas. Además, el modelo apenas ha cambiado al fusionarse regiones de valores de pago medio similares. Esto supone que las regiones con pagos más elevados convergerán entre ellas, así como aquellas de valores más bajos, manteniendo el statu quo sin apenas cambio. En definitiva, “se mantienen las enormes diferencias entre lo que cobran unos y otros por pertenecer a regiones distintas con un plazo muy largo de convergencia”, remarcan desde la Coalición. Preocupa en especial, los pagos que finalmente se otorguen a sistemas clave, como la ganadería extensiva o los secanos de alto valor natural.
El Pacto Verde Europeo se ha quedado, finalmente, sin compromiso legal vinculante en el PEPAC. “Lamentamos que solo se quede en palabras bonitas pues no ayudará a alcanzar los objetivos marcados en temas de agroalimentación, tanto por la Unión Europea como por España. Si no se adoptan objetivos claros y una hoja de ruta en esta PAC, no se cumplirán”, apunta Viñegla.
Por último, en cuanto a las intervenciones de desarrollo rural (Pilar II), el Ministerio sólo ha recibido los aportes de nueve CCAA, teniendo que prorrogar la recepción de estos documentos hasta el 29 de octubre. Por tanto, se desconoce la conformación de los mismos más allá del anuncio del ministro de que tienen ya 41 fichas modelo de intervenciones posibles. Desde la Coalición se continúa trasladando la preocupación por el apartado de inversiones, especialmente aquellas destinadas a la modernización de riegos, y la necesidad de apoyar las fincas en Red Natura 2000, impulsar la producción ecológica, proteger hábitats en peligro como humedales y promover acciones para instaurar una dieta sana y un freno al despilfarro alimentario.
Ahora, el ministerio presidido por Luis Planas tendrá que incorporar los últimos detalles técnicos que quedan por perfilar sobre desarrollo rural ya que las CCAA tienen hasta el 29 de este mes para enviar las propuestas en sus territorios. También, a finales de noviembre, se pondrá en marcha el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Respecto a este último, entidades de la Coalición Por Otra PAC presentarán alegaciones sobre aspectos concretos que ya hicieron llegar al Gobierno de España (Acceso a la carta AQUÍ) y que no han sido atendidos. Estas y otras demandas, así como las posibles anotaciones que puedan llegar desde la Comisión Europea, de manera informal, en este último trimestre y, de manera oficial, el primer semestre de 2022, tendrán que ser valoradas y, en su caso, incorporadas al texto final.
El ministro ha anunciado en la rueda de prensa hoy que antes del 1 de enero del año próximo se mandará la versión definitiva a la Comisión Europea para su aprobación durante los primeros meses de 2022. La nueva PAC entraría en vigor el 1 de enero de 2023 y regirá la vida y el trabajo en las zonas rurales, así como el sistema alimentario y el impacto al medio ambiente hasta, al menos, 2027. «La nueva reforma se lleva discutiendo desde 2018 y, aun con todo ese tiempo, los avances finalmente serán mínimos. La inacción no es opción para un sector agrario que tiene que afrontar la emergencia climática, la crisis del campo y el despoblamiento rural, que no paran. Si no aprovechamos las herramientas que ofrece esta PAC para una transición agroecológica justa, en la próxima década nos enfrentaremos a una reconversión forzosa del sector, que dejará a los más valiosos atrás», concluye Viñegla.
