Esta mañana, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha dado luz verde a una polémica propuesta presentada por la Comisión Europea que reduce los requisitos ambientales para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). La medida ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones ambientales y agrícolas, que denuncian un retroceso en los avances hacia la sostenibilidad agraria.

La propuesta legislativa, respaldada por el Consejo de Ministros de Agricultura, exime a los agricultores de cumplir con ciertas prácticas, como las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), para recibir ayuda pública. Estas prácticas son consideradas cruciales en la lucha contra la desertificación y para garantizar la rentabilidad de las explotaciones a largo plazo.

Representantes de la Coalición Por Otra PAC han expresado su preocupación, destacando que esta medida podría acelerar el proceso de degradación de las tierras y la desertificación, especialmente en regiones vulnerables como la península ibérica, donde más del 60% del territorio está potencialmente afectado por este fenómeno.

La propuesta también ha sido criticada por su falta de consulta a todos los actores implicados y la ausencia de un estudio previo de impacto. Según la Coalición, la Comisión Europea ha ignorado la pluralidad del medio rural y ha priorizado el diálogo con las grandes organizaciones de agricultores, dejando de lado a otros sectores relevantes.

Este anuncio se produce en un momento de tensión, después de que la votación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza fuera pospuesta debido a la falta de consenso entre los Estados miembros. La situación ha generado una creciente desconfianza en los procesos de gobernanza europea, y algunos representantes de la sociedad civil han advertido sobre la posibilidad de llevar el caso ante la justicia europea.

Ante este escenario, la Coalición Por Otra PAC ha instado a la Comisión Europea y al Consejo de Agricultura y Pesca a retirar sus propuestas. Asimismo, han solicitado al gobierno español que se oponga a este proyecto, subrayando la importancia de mantener medidas que promuevan la sostenibilidad agraria y la seguridad alimentaria en el país.

En medio de la controversia, persiste el debate sobre el futuro de la agricultura europea y el equilibrio entre la rentabilidad económica y la preservación del medio ambiente.