Los Estados Miembros están a la espera de que Bruselas cierre el marco legal que condicionará la Política Agraria Común (PAC) entre 2023 y 2027. Mientras, los países ultiman sus Planes Estratégicos Nacionales de la PAC (PEPAC) intentando sortear las incertidumbres que deja la falta de acuerdo europeo. Entre otras muchas incógnitas están el porcentaje del pilar I que se destinará a ecoesquemas y si se incluirá la condicionalidad social en las ayudas. De todo ello han hablado la última semana responsables de las Consejerías de Agricultura de Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha en reuniones bilaterales con la Coalición Por Otra PAC.
“Sobre los elementos clave todavía no concretados en el Reglamento de la PAC, las Consejerías han manifestado distintos puntos de vista sobre el diseño de la arquitectura verde y la condicionalidad social, entre otras”, ha comentado el responsable técnico de Por Otra PAC, Fernando Viñegla.
En cualquier caso, “se han mostrado abiertas a una colaboración más activa y fluida con la Coalición sobre aspectos ambientales y sociales, y han habilitado un canal de comunicación directo para que les traslademos nuestras aportaciones”, ha puntualizado el experto. Esto es fundamental para conseguir una mayor transparencia en la elaboración de una política tan relevante para el conjunto de la ciudadanía. “Esperamos que los diversos planteamientos de las intervenciones del futuro PEPAC se discutan con el conjunto de la ciudadanía, así como que las CCAA hagan públicas sus posiciones al respecto”, señala.
Los encuentros responden a la carta que Por Otra PAC envió el pasado 20 de mayo a los responsables de las Administraciones Públicas regionales y nacionales implicadas en el proceso de elaboración del PEPAC. En el texto, las más de 40 organizaciones de productores y de desarrollo rural, ONG ambientales, y expertos en nutrición y consumo que integran la Coalición concretaban los seis grandes ejes que deberían incorporarse en la nueva PAC.
Entre otras demandas, se exige que la futura PAC asuma los compromisos del Pacto Verde Europeo, que garantice la justicia social y que ayude especialmente a quienes producen bienes públicos. También, pone sobre la mesa la necesidad de una alimentación saludable y responsable; y que se acabe con los subsidios que siguen premiando producciones en contra de los objetivos ambientales y sociales de la PAC y que dificultan la implantación de modelos agroecológicos. Además, se pide mayor transparencia y participación en los procesos de toma de decisiones. “El propósito es transitar hacia una política agraria justa y equitativa desde el punto de vista social; saludable; respetuosa con el medio ambiente; y responsable a nivel mundial”, señala Viñegla.
En las reuniones, representantes de Por Otra PAC han trasladado la importancia de que la PAC se alinee con el Pacto Verde Europeo y con sus estrategias de “Biodiversidad 2030” y “De la Granja a la Mesa” que persiguen una economía sostenible en menos de una década. “Hay que empezar ya para que los cambios sean progresivos y evitar hacer uno muy brusco a partir de 2028 –cuando se reformará de nuevo la PAC-; y porque sino, no se van a alcanzar los objetivos en plazo”, puntualiza Viñegla.
Durante los encuentros, la Coalición ha trasladado el segundo de los ejes de su posicionamiento: la justicia social. “Los derechos históricos tienen que suprimirse y se tiene que acelerar la convergencia; además de condicionar la recepción de fondos al respeto de los derechos laborales”, prosigue el representante de Por Otra PAC.
En tercer lugar, se pidió que las ayudas públicas sirvieran para apoyar el bien común. La multifuncionalidad de la agricultura y la ganadería hace referencia a todos aquellos servicios que un trabajador del campo produce y que la sociedad no paga pero que sí disfruta –cuidado de ecosistemas, de los valores paisajísticos y culturales, de un entorno rural poblado…–. “Una persona no discute que una manzana tiene valor y paga por ella. Sin embargo, no es tan consciente de lo que vale un paseo por un río con buen estado ecológico, el secuestro de carbono de un bosque o el mantenimiento del legado de sus abuelas y abuelos. Actualmente se puede disfrutar de ello porque hay gente viviendo allí y cuidando su entorno”, señala Viñegla. Ejemplo de ello son los modelos agroalimentarios sostenibles, como la producción ecológica y de proximidad, las fincas en Red Natura 2000 y los Sistemas de Alto Valor Natural. Su menor impacto sobre el medio, con sus restricciones asociadas, suponen una mayor dificultad para obtener beneficios económicos. Estos modelos productivos deben ser apoyados por la PAC.
La cuarta vía reclama un sistema agroalimentario saludable y respetuoso con el medio a lo largo de toda la cadena. La producción ecológica y consciente del bienestar de los animales, el consumo local y la lucha contra el despilfarro de alimentos tienen que estar en el foco de las subvenciones agrarias. La situación actual en la PAC es la opuesta: sus “subsidios perversos” apoyan modelos cada vez más intensivos como macrogranjas y grandes agroindustrias, cuyo impacto sobre el medio y sobre el consumidor es “nefasto”, puntualiza Viñegla. La eliminación de estos subsidios es el quinto punto reclamado por la Coalición.
Por último y de forma transversal, se ha pedido a las Consejerías que apuesten por un modelo de gobernanza plenamente transparente y basado en la participación real y efectiva de la sociedad civil; tanto en todas las fases del diseño como en los procesos de aplicación, seguimiento y evaluación de la PAC. Algo que, lamentablemente, no se está produciendo en todas las fases y diseño de herramientas del actual proceso de elaboración del PEPAC.
Desde la Coalición se anima a las autoridades políticas a tener en cuenta estos seis puntos en la redacción del PEPAC. “Su inclusión supondría un considerable avance hacia la consecución de una PAC legítima, justa y equitativa, saludable, respetuosa con el medio ambiente y responsable a nivel mundial”, concluye Viñegla.
