Tras el acuerdo alcanzado en Bruselas el pasado viernes 25 de junio en el trílogo entre Europarlamento, Comisión y Consejo, y ratificado por los ministros de Agricultura este lunes, se empiezan a conocer detalles del marco legislativo de la Política Agraria Común (PAC) que regirá entre 2023 y 2027. Los nuevos reglamentos recogen, por primera vez desde su creación hace seis décadas, avances novedosos como la inclusión de la condicionalidad social. Pero se deja fuera la vinculación de sus objetivos a los del Pacto Verde Europeo, la supresión total de los derechos históricos y el apoyode manera decisiva a las producciones sostenibles, entre otros.
Entre los acuerdos positivos alcanzados está que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025. “No tiene sentido que el dinero de los contribuyentes europeos financiara abusos laborales; además se trata de un simple cruce de datos que ya existen”, puntualiza Viñegla.
Como aspectos esperados pero que finalmente no han sido atendidos, está la convergencia real de los pagos básicos y la supresión de los llamados derechos históricos. Esta figura, aún vigente en nuestro país, posibilita que la mayor parte de las ayudas a la renta vayan a parar a las fincas más grandes o más intensivas, basado en un referente de hace 20 años. “En España, el 20% de los beneficiarios siguen acaparando el 80% de los fondos”, puntualiza Viñegla.
Aunque el Parlamento y la Comisión abogaban por una convergencia del 100%, finalmente, se ha acordadoque solo se alcance el 85 por ciento en 2027. “Es necesario cambiar el modelo cuanto antes para que se proporcione una ayuda justa para agricultoras y ganaderos con la misma tipología de fincas. Estamos funcionando con medidas obsoletas pensadas para una situación de hace décadas y que perpetúan la injusticia social”, apunta Viñegla. “Es necesario avanzar hacia un sistema equitativo, que no deje a nadie atrás – mucho menos a la agricultura y ganadería de alto valor socio-ambiental- y que se base en el principio de dinero público para bienes públicos”, prosigue.
Otro punto que ha sido difícil consensuar ha sido el montante a destinar a los ecoesquemas. Estas subvenciones verdes, finalmente, alcanzarán el 25% de los pagos directos progresivame durante los primeros años (frente al 30% de los actuales pagos verdes), y las excepciones y flexibilidad previstas disminuirán su impacto real sobre el medio ambiente y el clima. En opinión de Viñegla, “este es un primer paso para premiar a las fincas que producen de manera más sostenible, así como incentivar el cambio hacia estos modelos respetuosos con la naturaleza, pero lamentamos que no haya sido más ambicioso. Las producciones agroecológicas lideran la necesaria transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, sin embargo necesitan del apoyo público para avanzar”.
Otra de las incógnitas era conocer la integración entre la PAC y el Pacto Verde Europeo (PVE), acordado en 2019. Finalmente, el reglamento consensuado no delimita legalmente el cumplimiento de los objetivos establecidos para el sector agroalimentario en este Pacto, y se queda como una sugerencia de buenas prácticas que se estudiarán en el futuro. “Al no ser vinculantes los objetivos del PVE en la nueva PAC, serán meras declaraciones de intenciones que quedarán en agua de borrajas, y perderemos una oportunidad histórica para transitar hacia un campo justo y verde”, señala el representante de Por Otra PAC.
Turno para España
Tras el acuerdo en Bruselas, queda prácticamente finiquitada la vía europea para conseguir una reforma de la PAC que apoye con decisión la transición hacia modelos agroecológicos y justo para productores sostenibles. Ahora, todavía queda margen de mejora en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que cada país tiene que enviar a la Comisión Europea antes del 31 de diciembre para su aprobación. Esto es justamente una de las novedades de la nueva reforma de la PAC recién aprobada: da libertad a cada uno de los Estados Miembro para que adapten las disposiciones generales del reglamento a las situaciones concretas de sus territorios.
El siguiente paso que hay por delante es la celebración de la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural entre Ministerio y Comunidades Autónomas (CCAA) y de la que se prevé que salgan acuerdos políticos fundamentales que afecten al PEPAC. No solo se desconoce la fecha en la que se celebrará y sino que la información compartida por los responsables de agricultura es escasa. Se desconocen temas decisivos como el reparto del pago básico, el pago redistributivo, la convergencia y toda la estructura de los pagos al desarrollo rural, entre otros.
La Conferencia estaba prevista para junio pero se retrasó para julio, desconociendo aún la fecha definitiva. En ella, quedará fijado el marco político de la PAC para nuestro país. “Solicitamos que en las negociaciones a nivel nacional no se caiga en el mismo error que en las europeas y se aborde una PAC para España que responda con ambición a los retos socioeconómicos y ambientales que tenemos que afrontar”, concluye el representante de Por Otra PAC.
