La reunión sectorial de ayer fue clave. Tras una jornada intensa de negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Consejerías de Agricultura del ramo de cada comunidad autónoma, ha quedado fijado el marco político del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027. El Estado tiene hasta final de año para perfilar los detalles, aunque, con el acuerdo alcanzado ya se puede afirmar que esta política no logrará transformar el sistema agroalimentario que reclama un amplio sector de productores, consumidores, ONG y expertos.
“Pese a las mejoras incorporadas, ha faltado ambición para lograr una nueva PAC verdaderamente verde y justa, capaz de impulsar una transición agroecológica, que frene la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y que cuide a las personas que producen de forma saludable y sostenible”, explica Fernando Viñegla, responsable técnico de la Coalición Por Otra PAC. En su opinión, resulta “continuista” y tampoco conseguirá contribuir a detener la despoblación, ni asegurar una renta y condiciones de vida dignas para agricultores y ganaderas que apuestan por la sostenibilidad. El texto ni siquiera menciona garantizar una alimentación saludable y sostenible para todos, a pesar de existir en la norma europea un nuevo objetivo al respecto.
El acuerdo especifica que se deberá contribuir a la consecución de los objetivos de las estrategias de “Biodiversidad 2030” y “De la Granja a la Mesa”, incluidas en el Pacto Verde Europeo y que persiguen una economía sostenible en menos de una década. “Pese a que se han incorporado las metas ambientales marcadas por la Unión Europea, lo que es una buena noticia, desconocemos cómo se va a integrar dentro del marco legal español y los instrumentos que se van a diseñar para que no quede en una mera declaración de buenas intenciones”, señala Viñegla.
Respecto al pago básico a la renta, las 20 regiones de España acordadas resultan una cifra todavía muy elevada en comparación con el modelo imperante en la mayoría de los países miembros. “Son todavía demasiadas para garantizar una ayuda justa para producciones similares. No harán frente a los desequilibrios que arrastramos del modelo actual, dejando en un callejón sin salida a una gran parte de las fincas de mayor valor socio-ambiental”, apunta el técnico. La propuesta, supone “posponer innecesariamente la desaparición de un modelo consolidado en desigualdades ocurridas hace 20 años”, añade.
Dentro del pago básico, la fórmula acordada para el pago redistributivo -que se otorgaría a las primeras hectáreas- es, según Viñegla, “un apoyo a todas las explotaciones, no solo a las pequeñas que son las que realmente lo necesitan”.
Por otra parte, el texto menciona a la ganadería extensiva y en concreto a aquella sin superficie propia como potencial beneficiaria de las ayudas asociadas; y que también, serán perceptoras las actividades que contribuyan positivamente a la consecución de los objetivos de la Estrategia de la Granja a la Mesa, lo que “valoramos positivamente, aunque echamos en falta concreción sobre cuáles serán los criterios de elegibilidad”, apunta.
En los ecoesquemas aparece por primera vez, el término “agroecología”, lo que “es un avance”, aunque no son tan buenas noticias que se siga considerando la agricultura de precisión dentro de estos pagos verdes, ni que sólo se permita a la acogida a un ecoesquema por mismo tipo de superficie. De esta manera, “no solo se pierde el efecto incentivador de implantar más buenas prácticas y su efecto sinérgico, así como remunerar más a quien produce más sostenible; sino que existe el riesgo de que ocurra como con el actual greening y que solo se apliquen aquellas medidas más fáciles y de poco beneficio ambiental”, señala el representante de Por Otra PAC.
Respecto a la gobernanza, no aparece dentro del documento la creación de la figura del Comité de Seguimiento, que el reglamento europeo obliga a establecer antes del envío del PEPAC a Bruselas, el próximo 30 de diciembre, con lo que se menoscaba el potencial de las organizaciones sociales y ambientales para contribuir al diseño definitivo de un PEPAC que vele por el bien común. Además, el texto señala que las modificaciones de la Comisión Europea que afecten a aspectos concretos del Pilar II acordados hoy, solo serán informados a las conferencias técnicas y a las CCAA. “Desde Por Otra PAC pedimos que los cambios también sean dados a conocer a la sociedad civil y se convoque, a través de la Red Rural Nacional al partenariado para informar sobre las deciciones tomadas y hacerles partícipes de los futuros pasos”.
Lo acordado ayer es solo la validación de un documento marco sobre el que se basarán los trabajos concretos de definición del PEPAC. La semana que viene, los días 21 y 22, comenzarán las primeras reuniones para empezar a perfilar los detalles técnicos de los ecoesquemas y sobre gobernanza, respectivamente. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la finalización del encuentro, una nueva conferencia sectorial para final de septiembre o principios de octubre para validar los detalles de los ecoesquemas y evaluar el grado de avance del PEPAC. Posteriormente, y antes del 31 de diciembre, se mandará la versión definitiva a la Comisión Europea para su aprobación durante los primeros meses de 2022. La nueva PAC entraría en vigor el 1 de enero de 2023.
Para ayudar en este proceso, esta misma semana, la Coalición Por Otra PAC enviaba una carta abierta, apoyada por más de 40 organizaciones, a los cinco ministerios implicados en materia de agricultura, medio ambiente, consumo, sanidad y Agenda 2030, reclamando una mayor ambición social y ambiental para el PEPAC, proponiendo medidas para ello y denunciando la falta de transparencia del proceso. Acceso a la carta AQUÍ.
