«La mitad de los humedales del territorio nacional han desaparecido en las últimas décadas y los que quedan están en la UCI», alerta Vanessa Sánchez, coordinadora de proyectos de Fundación Global Nature. De la buena calidad de estos enclaves, donde confluyen agua y suelo, dependen numerosos hábitats y especies. Organismos silvestres que muchas veces son aliados de la actividad agraria, la misma que paradójicamente constituye una de sus principales amenazas.

Así lo explica el informe Propuestas agroambientales de gestión de humedales, publicado por esta entidad, que también señala como impactos negativos la aridez, la sequía, la erosión, la contaminación de ecosistemas acuáticos (lixiviados de sedimentos, nitratos y fosfatos), los incendios forestales y la utilización inadecuada del agua. 

El estudio ofrece acciones que la ciencia y la práctica han mostrado que son eficaces para fomentar usos del suelo agrario compatibles con la protección de vegetación, suelos y agua en el entorno de los humedales. También, de la biodiversidad, incluyendo la diversidad genética. Esto es especialmente necesario en los Sistemas de Alto Valor Natural, actualmente amenazados, donde la agricultura es motor de desarrollo y escenario de otras actividades como el turismo, el esparcimiento y disfrute de la población local y la educación. Protegiéndolos se mantienen los paisajes, sus características y los rasgos históricos de sus tierras.

Medidas concretas que apoyen la extensificación de la producción agrícola y ganadera y la protección de la fauna y el paisaje, entre otras. El objetivo es que sean tenidas en cuenta por las consejerías de agricultura de las distintas comunidades autónomas a la hora de desarrollar sus planes de desarrollo rural, integrados en la nueva Política Agraria Común (PAC), vigente desde este enero de 2023 hasta 2027.

Además de las medidas agroambientales, la nueva PAC recoge por primera vez en su historia la protección de humedales en su condicionalidad. Las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), en concreto la de Protección de humedales y turberas (BCAM 2), establece un nivel mínimo de compromisos ambiental y climático en estos escosistemas que deben cumplir la mayoría de los beneficiarios de las ayudas. La nueva normativa europea es pues una oportunidad para impulsar la conservación y restauración de humedales pero dependerá de cómo se implemente en la realidad.

Lee todo el informe de Fundación Global Nature aquí.